El Tribunal de Casación francés, la cúspide del poder judicial francés, acaba de dictar una sentencia innovadora, que pone en marcha una muy necesaria lucha contra la corrupción – escribe Saman Rizwan
Su decisión marca el final de una traumática batalla legal, que se ha prolongado durante más de una década.
Algunos dirían incluso que este caso se remonta a 1878, cuando los colonizadores británicos forjaron un dudoso acuerdo con el sultán filipino de Sulu, prometiendo pagos anuales a cambio del control de la región de Sabah, rica en petróleo.
En 1962, el pueblo de Sabah votó abrumadoramente a favor de unirse al recién formado Estado de Malasia, que acordó continuar con los pagos de Sulu.
Pero el acuerdo se vino abajo en 2013, después de que los Sulu lanzaran una mortífera invasión de la región de Sabah y el Gobierno malasio decidiera poner fin a sus pagos heredados.
Durante unos años se restableció la paz. Entonces, los autoproclamados herederos del sultán de Sulu cayeron en manos de un polémico bufete de abogados con sede en el Reino Unido, que luego se asoció con Therium -un inversor en litigios británico que recauda fondos de partes no identificadas y financia casos judiciales a cambio de una parte de la recompensa-.
Juntos, aconsejaron a los herederos de Sulu que presentaran una demanda contra Malasia, exigiendo una compensación por los recursos de Sabah a pesar de que el acuerdo de 1878 no contenía una cláusula de arbitraje.
En un principio, el caso iba a juzgarse en España, con el Dr. Gonzalo Stampa designado árbitro único. Dos años más tarde, sin embargo, los tribunales de Madrid revocaron los poderes de Stampa y le ordenaron abandonar el procedimiento.
Para entonces, los abogados de Sulu y terceros inversores ya habían olido lo que prometía ser un pago descomunal. Tras el pago de unos honorarios inusualmente elevados de más de 2 millones de dólares, Stampa hizo caso omiso de las órdenes del Tribunal español y trasladó el caso a un Tribunal de París, donde dictó sentencia definitiva a favor de los demandantes y ordenó a Malasia el pago de una asombrosa indemnización de casi 15.000 millones de dólares.
Desde entonces, el caso se ha acelerado espectacularmente. Malasia recurrió la sentencia de Stampa tanto en Francia como en España, y se le concedió una suspensión de la indemnización, mientras que el propio Stampa fue condenado penalmente por desacato al Tribunal en España.
Mientras tanto, los abogados del Sulu y los terceros inversores estaban cada vez más desesperados por cubrir sus pérdidas. Su estrategia dispersa para recuperar el favor ha incluido varios recursos propios, que culminaron con el embargo ilegal de activos pertenecientes a la empresa nacional de energía de Malasia, que devolvió el favor citando a Therium en busca de pruebas del pago de Stampa.
Su ataque más reciente ha sido lanzar una demanda por valor de 18.000 millones de dólares contra España, a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), argumentando que la condena de Stampa hizo descarrilar su caso…. Como comentó Keith Ellison, Fiscal General de Minnesota y uno de los abogados más reconocidos de EE.UU., “la magnitud de la corrupción potencial es evidente”.
A pesar de su nefasto plan, el caso se ha desbaratado por completo, con Therium perdiendo al menos 20 millones de dólares. En septiembre de este año, el Tribunal Supremo neerlandés desestimó su última apelación al considerar que no había cláusula de arbitraje en el Acuerdo de 1878. Ahora, el Tribunal Supremo francés ha doblado la apuesta y ha determinado, por su propia voluntad, que el Acuerdo de 1878 no contiene una cláusula de arbitraje, allanando el camino para que Malasia busque una anulación concluyente de su laudo.
Esta muestra de consenso cerebral y solidaridad entre los tribunales europeos señala el inicio de una lucha unida contra la corrupción, y llega en el momento oportuno. Ante las acusaciones de prácticas corruptas en las más altas instancias de la UE, debemos confiar en que nuestras instituciones jurídicas se comprometen a mantener los más altos niveles de justicia.
Por desgracia, esto no es algo que podamos dar por sentado. El año pasado, el Ministro de Justicia francés, Eric Dupond-Moretti, fue juzgado por permitir que conflictos ilegales de intereses influyeran en su trabajo. Aunque posteriormente fue absuelto de todos los cargos, el incidente sacudió sin duda la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.
Al fallar a favor de Malasia, el Tribunal Supremo francés nos ha recordado su fortaleza y resistencia, junto con un último ingrediente vital para restaurar la confianza pública: la humildad de admitir que la sentencia de Stampa nunca debió permitirse en primer lugar.
