por Christina Georgaki, fundadora y socia directora del bufete de abogados Georgaki and Partners. @c_georgaki
El litigio entre la UE y Malta en torno al programa “Dinero por Ciudadanía” es un cuento con moraleja, tanto para los planes de migración por inversión mal concebidos como para quienes intentan impedirlos.
La semana pasada, el litigio entre la Comisión Europea y Malta por su plan de ciudadanía por inversión llegó a su punto álgido en un juicio ante la Gran Sala de Luxemburgo.
Al llevar a Malta ante los tribunales, la UE intenta poner fin a una política de diez años por la que el Gobierno maltés concede la nacionalidad a los extranjeros que invierten en el país por encima de un determinado umbral. En la versión actual del programa, la Política de Naturalización de Inversores Excepcionales de Malta (MEIN), este umbral es de 600.000 euros, con lo que se obtiene la nacionalidad al cabo de 36 meses, con plazos más rápidos de hasta 12 meses si la inversión es mayor.
La oposición de la UE a este sistema se basa en el argumento de que, desde un punto de vista jurídico, la “venta” de la ciudadanía de la UE viola los principios de cooperación entre los Estados miembros de la UE, al convertir en ciudadanos a personas que no tienen ninguna conexión sustancial con Malta o la UE.
Sin embargo, en términos más generales, se deriva de la creciente aversión de la UE a los programas de migración por inversión, una postura que lamentablemente carece de comprensión de los beneficios que estos planes pueden aportar.
En mi país, Grecia, por ejemplo, aunque no ofrecemos la ciudadanía por inversión, nuestro programa Golden Visa da a los inversores un permiso de residencia con muchas de las mismas ventajas. Este sistema se ha revisado recientemente para establecer una estructura de cuatro niveles, con un umbral mínimo de 250.000 euros para las transformaciones y restauraciones de locales comerciales en viviendas, y después 400.000 u 800.000 euros, dependiendo de la ubicación. Entre 2021 y 2024, este régimen ha reportado 4 300 millones de euros a la economía griega. Y, lo que es más importante, 4.300 millones de euros que no han tenido que obtenerse mediante préstamos, impuestos o subvenciones de la UE.
La comparecencia de la semana pasada se inscribe también en otro contexto: el de los planes de migración de inversiones mal diseñados que se quedan en el camino. En los últimos meses, España, los Países Bajos e Irlanda han suprimido sus programas Golden Visa y Portugal ha reducido los suyos, principalmente por su ineficacia. Por otra parte, el problema de Malta es que su oferta es demasiado generosa para resultar aceptable al resto de la UE.
El recurso de la UE ante los tribunales parece condenado al fracaso. La defensa maltesa -que es prerrogativa de las naciones decidir a quién conceden la ciudadanía- es sólida, y se ha visto reforzada por numerosos precedentes históricos y mayores procesos de investigación. Sin embargo, esto no significa necesariamente que la UE vaya a rendirse en este terreno, por lo que cabe esperar que su oposición adopte nuevas formas en los próximos meses y años, provocando al mismo tiempo incertidumbre entre los posibles inversores.
Independientemente del resultado del caso, todas las partes pueden extraer lecciones de la semana pasada. Para la UE, que los regímenes de inmigración por motivos de inversión no se descartarán fácilmente bajo presión. Para los países que la componen, que hay límites a la tolerancia de la Comisión en este sector. Y para los inversores, que es mejor elegir un sistema de migración de inversiones que evite este lío desde el principio.
Foto de Mike Nahlii en Unsplash
