El partido francés de extrema derecha conocido ahora como Agrupación Nacional se ha acercado al poder de la mano de Marine Le Pen, oponente de Emmanuel Macron en la segunda vuelta de las dos últimas elecciones presidenciales. A medida que partidos afines avanzan en otras elecciones europeas, sus posibilidades de abrirse paso cuando Macron termine su mandato parecen ir en aumento. Pero, ¿podrían las acusaciones penales en Francia acabar con el sueño de poder de Le Pen? – se pregunta el editor político Nick Powell.
El sistema de elección presidencial francés, con una segunda vuelta entre los dos candidatos principales, podría haber sido diseñado para detener a Marine Le Pen, como lo hizo con su padre antes que ella. Permite a los principales partidos hundir sus diferencias y, en un acto de “solidaridad republicana”, impedir la victoria de un candidato al que ven como un desafío a las normas democráticas de la Quinta República.
Ha funcionado hasta ahora, pero siempre existe el peligro de llegar a un punto de inflexión, en el que la base electoral de la extrema derecha haya crecido hasta el punto de que la Agrupación Nacional sea vista como parte de la corriente política dominante, de modo que los votantes con opiniones más moderadas vean a su candidato presidencial como una opción legítima de segunda vuelta. El partido de Marine Le Pen es la principal oposición en la Asamblea Nacional y enviará una delegación más numerosa de eurodiputados al Parlamento Europeo tras las elecciones del próximo año.
Las elecciones al Parlamento Europeo han sido a menudo un coto de caza para los partidos de extrema derecha. La UE es un objetivo obvio para sus argumentos nativistas y proteccionistas y, por supuesto, su tema favorito, la inmigración, afecta al corazón del proyecto europeo. La principal razón del éxito de la extrema derecha en las elecciones europeas es, sin embargo, más banal: la mayoría de los ciudadanos considera las elecciones como algo de segundo orden, muchos de ellos no votan y los que sí lo hacen se sienten libres de protestar a través de las urnas, por lo que apuestan por un candidato más extremista.
Sin embargo, el Parlamento Europeo podría resultar ser el lugar donde todo salió desastrosamente mal para Marine Le Pen. La fiscalía de París dice que ella y otros 23 miembros de su partido deben ser juzgados por presunta malversación de fondos de la UE. Se ha tardado siete años en llegar a este punto, después de que en diciembre de 2016 se iniciara una investigación sobre si lo que entonces se llamaba Frente Nacional había utilizado dinero destinado a pagar a asistentes de eurodiputados había financiado en cambio el empleo de trabajar para el partido.
Marine Le Pen dejó el Parlamento Europeo un año después, en 2017, pero ha caído en la red. La investigación comenzó después de que un informe parlamentario señalara que algunos asistentes de eurodiputados del Frente Nacional también ocupaban cargos importantes en el partido. Eso parecía delatar el juego, una cierta difuminación de las líneas entre el trabajo parlamentario y el político de partido no es infrecuente y podría decirse que inevitable, pero el partido de Le Pen fue posiblemente un poco demasiado descarado.
Los partidos de extrema derecha afirman a menudo que los grupos políticos tradicionalmente dominantes van a por ellos, y probablemente tengan razón. En este caso, la Agrupación Nacional niega haber actuado mal. “Discrepamos de esta posición que parece una comprensión errónea del trabajo de los legisladores de la oposición y de sus asistentes, que es ante todo un trabajo político”, afirmó en un comunicado.
Marine Le Pen se enfrenta a una posible pena de 10 años de prisión, una multa de 1 millón de euros y, lo que es más importante, la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años, lo que podría poner fin a su carrera política. Que acabe en los tribunales depende de los jueces, que tendrán que decidir si aceptan la petición de juicio de la fiscalía.
El caso abarca el periodo comprendido entre 2004 y 2016, implica a 11 personas que fueron eurodiputadas, entre ellas Le Pen y su padre, de 95 años, el antiguo líder del partido Jean-Marie Le Pen, así como a 12 asistentes parlamentarios y otros cuatro activistas del partido. La propia Agrupación Nacional se enfrenta a cargos de encubrimiento de irregularidades. Durante la investigación, Le Pen dijo que las acusaciones equivalían a una “persecución” política contra ella.
Su abogado dice que ha aceptado devolver los fondos del Parlamento Europeo, después de que la oficina antifraude, la OLAF, calculara que debía 339.000 euros. Al principio, se negó a devolver el dinero y el Parlamento le descontó parte de su salario antes de que dejara de ser eurodiputada. En julio se le devolvieron casi 330.000 euros, pero sin aceptar la validez de la demanda de reembolso.
El caso actual es independiente de la denuncia de la OLAF de que Le Pen y tres de sus colegas parlamentarios utilizaron 600.000 euros reclamados como gastos para financiar su partido. Una vez más, Le Pen niega las acusaciones. Si una condena penal pone fin a una carrera que aún espera que culmine con su llegada a la Jefatura del Estado, será un final peculiar y algo insatisfactorio para sus ambiciones.
Pero para quienes veían a Marine Le Pen y a su partido como una amenaza existencial para la democracia francesa y europea, seguiría siendo un momento para celebrar. Después de todo, el gángster estadounidense Al Capone sólo fue retirado de la circulación después de que el FBI le procesara con éxito por evasión de impuestos.
