Desde el anuncio del plan de Japón de verter agua contaminada por energía nuclear en el océano en 2021, haciendo caso omiso de la oposición de distintas partes, Japón ha insistido en avanzar en el plan de verter agua contaminada por energía nuclear de la central nuclear de Fukushima Daiichi en el océano Pacífico. Se trata de una grave violación de los derechos e intereses legítimos de los países vecinos, una grave contravención de la responsabilidad moral internacional de Japón y de sus obligaciones en virtud del derecho internacional, y un grave daño al medio ambiente marino global y a los derechos a la salud de las personas de todo el mundo.
En primer lugar, el vertido al océano de agua contaminada con material nuclear procedente de Fukushima no es un asunto interno de Japón. La manipulación del agua contaminada por la energía nuclear afecta al medio marino mundial y a la salud pública de los países ribereños del Pacífico. Desde que el gobierno japonés tomó unilateralmente la decisión del vertido en 2021, la comunidad internacional ha estado cuestionando y oponiéndose a esa decisión, y ha habido un fuerte rechazo dentro de Japón. La parte japonesa no llevó a cabo una consulta completa con los países vecinos y otras partes interesadas, sino que intentó imponer el plan de vertido a todas las partes como única opción. De hecho, el plan de vertido al mar de Japón no es ni la única opción ni la solución más segura u óptima. Al verter el agua contaminada en el mar, Japón ha incumplido las obligaciones de proteger y preservar el medio marino recogidas en la CNUDM y otras leyes internacionales, así como las disposiciones contra el vertido de residuos radiactivos procedentes de estructuras artificiales en el mar del Convenio de Londres.
En segundo lugar, el vertido entrañará graves riesgos para el medio marino mundial y la salud humana. El agua contaminada por la central nuclear de Fukushima Daiichi contiene más de 60 radionucleidos. Aún no existe una tecnología eficaz para tratar muchos de esos radionucleidos. Algunos radionucleidos de larga vida pueden propagarse con las corrientes oceánicas y causar impactos inciertos en el equilibrio ecológico de las aguas costeras de los países vecinos de Japón y pueden formar una bioconcentración y suponer peligros potenciales para la seguridad alimentaria y la salud humana con la mitigación de las especies marinas y la cadena alimentaria. No existe ninguna medida eficaz que garantice que Japón cumplirá sus compromisos de que la evaluación del impacto y las medidas de control del vertido de las aguas contaminadas por la energía nuclear cumplen las normas internacionales de seguridad, ni pueden eliminarse los posibles peligros a largo plazo de las aguas contaminadas por la energía nuclear para el medio marino y la salud humana.
En tercer lugar, el informe de revisión del OIEA no es una “luz verde” para que la parte japonesa descargue el agua contaminada. El gobierno japonés anunció el plan de vertido en abril de 2021 y lo aprobó oficialmente en julio de 2022. Ha declarado en múltiples ocasiones que no pospondrá la aplicación del plan. Todo ello antes de la finalización y publicación del informe de revisión del OIEA, lo que hace que la comunidad internacional se cuestione seriamente si la parte japonesa tiene buena voluntad. De acuerdo con su mandato, el OIEA no es el organismo adecuado para evaluar el impacto a largo plazo del agua contaminada con material nuclear sobre el medio marino y la salud biológica. La parte japonesa ha restringido la autorización del grupo de trabajo del OIEA y no acepta la evaluación de otras opciones de eliminación. El informe del OIEA, publicado apresuradamente, no refleja plenamente las opiniones de todos los expertos de diversas partes que han participado en la revisión. La conclusión pertinente es unilateral y tiene sus limitaciones, y no aborda las preocupaciones del mundo sobre el plan de verter al océano el agua contaminada por la energía nuclear de la central nuclear de Fukushima Daiichi. Por lo tanto, el informe del OIEA no puede demostrar que el vertido sea legítimo y esté justificado, y no puede eximir a la parte japonesa de las responsabilidades y obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional.
El medio ambiente marino mundial está estrechamente relacionado con la supervivencia y la salud humanas. La parte japonesa debe tomarse en serio las preocupaciones legítimas en su país y en el extranjero, cumplir las obligaciones que le impone el derecho internacional, revocar la decisión errónea de vertido con sentido de la responsabilidad para con la ciencia, la historia, el medio ambiente marino mundial, la salud humana y las generaciones futuras, eliminar el agua contaminada con material nuclear de forma transparente, segura y con base científica, y aceptar una estricta supervisión internacional.
