Numerosas protestas de agricultores en toda Europa han perturbado gravemente las cadenas logísticas, bloqueando rutas clave, atacando camiones y destruyendo cargamentos, a menudo con la policía como testigo pasivo. El coste para los conductores y las empresas de transporte es enorme y va en aumento. Necesitan una compensación, afirma la IRU.
La oleada de protestas de grupos de agricultores de los últimos meses utiliza tácticas similares: bloquear rutas comerciales clave, como enlaces de autopistas, fronteras, centros de distribución y puertos, para interrumpir el transporte.
Los conductores quedan atrapados en la carretera, como rehenes durante largos periodos sin acceso a alimentos, agua ni instalaciones sanitarias, mientras que las mercancías se entregan con enormes retrasos. IRU ya ha pedido a la UE y a las autoridades nacionales que hagan más para mantener abiertas rutas vitales para el comercio y la movilidad.
El coste medio para el conductor u operador de un camión bloqueado es de aproximadamente 100 euros por hora. Los costes pueden dispararse rápidamente, afectando especialmente a los propietarios-conductores y a las pequeñas y medianas empresas de transporte. Los costes económicos generales ascienden ya a muchos millones de euros.
Libertad de expresión no equivale a libertad de destrucción
Las protestas se han vuelto cada vez más violentas, sobre todo en Francia, con camiones y conductores atacados por bandas de manifestantes enmascarados que dañan los vehículos y destruyen la carga, especialmente alimentos. Se trata de daños criminales contra un camión y su inocente conductor, contra el sector del transporte en su conjunto y contra las personas a las que van destinados los alimentos.
Lamentablemente, los manifestantes atacan sobre todo a camiones matriculados en el extranjero, a menudo procedentes de países vecinos. El valor de la carga varía mucho, pero un camión puede transportar alimentos valorados en 100.000 euros o más. La carga dañada cuesta, a conductores y operadores. Los seguros no cubren los daños porque los disturbios están excluidos en la mayoría de las pólizas. Tampoco los clientes.
Raluca Marian, Directora de Defensa de la UE de IRU, ha declarado: “Ya basta. Conductores y transportistas inocentes sólo intentan hacer su trabajo, llevar alimentos y otros artículos de primera necesidad a los mercados de toda Europa.”
“Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no a amenazar a los conductores, atacar camiones y destruir propiedades. Y si se producen costosos retrasos, ataques y destrucción, alguien debe pagar por ello”, añadió.
Indemnizar a las víctimas
Los gobiernos de toda Europa han fracasado a menudo a la hora de garantizar la continuidad de las cadenas logísticas y proteger a los conductores que simplemente intentan hacer su trabajo. La incapacidad de los gobiernos para actuar y proteger el Estado de Derecho se demuestra a menudo con imágenes de policías que están presentes en el lugar de los hechos pero no intentan detener los daños criminales.
Raluca Marian concluyó: “Los gobiernos tienen el deber de asegurar la libre circulación de mercancías y garantizar la seguridad de los conductores y su carga. La ruptura sistémica de la autoridad y el orden que se observa con estas protestas plantea la legítima reclamación de las víctimas -los transportistas- a los gobiernos para que les compensen por sus pérdidas”.
“Si los gobiernos no cumplen su función protectora, tienen que pagar por los daños. Nadie más lo hará. Los operadores de transporte necesitan ahora procesos sencillos y transparentes para reclamar indemnizaciones.”
