La semana pasada se produjo una avalancha de novedades políticas a escala europea que sugieren avances hacia los objetivos del “Pacto Verde”. El6 de febrero, la Comisión Europea dio a conocer su objetivo de reducción de emisiones de carbono para 2040, con el que aspira auna reducción del 90% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040 en relación con los niveles de 1990 – escribe la Alianza Europea para la Investigación Energética.

También lanzó una Comunicación sobre la gestión industrial del carbono, en la que se debate el establecimiento de un mercado único del CO2 en Europa y se anuncian los trabajos preparatorios de un posible futuro paquete normativo sobre transporte y almacenamiento de CO2, instando a invertir, financiar e impulsar la Investigación e Innovación (I+I) en tecnologías CCUS. La semana pasada, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo también alcanzaron un acuerdo provisional sobre la Ley de Industria Neto Cero (NZIA) y mantuvieron el objetivo no vinculante de producir internamente el 40% de las tecnologías limpias utilizadas en Europa para 2030. Con ello, y en línea con lo que afirman varios observadores, se aprecia un notable giro hacia la política industrial y su aplicación práctica.

Si bien la comunidad investigadora en energías limpias acoge con satisfacción las nuevas iniciativas políticas que reafirman y apoyan sus objetivos climáticos, al mismo tiempo expresa su preocupación por las orientaciones políticas específicas que parecen quedarse cortas a la hora de reforzar los ambiciosos objetivos que sustentan estos expedientes. Para empezar, también la semana pasada, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE llegaron a un acuerdo sobre la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) como parte de la revisión del Marco Financiero Plurianual (MFP). En esta fase, y contrariamente a la propuesta inicial destinada a movilizar recursos para toda la cadena de valor de las tecnologías críticas a través, entre otros, de Horizonte Europa, el acuerdo final sólo beneficiará al Fondo Europeo de Defensa (FED) con 1.500 millones de euros adicionales.

Con este telón de fondo, queda claro que, a pesar de la necesidad crítica de aumentar la inversión en I+i en tecnologías limpias para el éxito de los objetivos de reducción progresiva de emisiones y de la NZIA, los últimos acontecimientos no introducen nuevos fondos para ello. Esto se suma a los últimos recortes de 2.100 millones de euros a Horizonte Europa, en marcado contraste con la reciente evaluación de Horizonte 2020, que concluyó que no alcanzaba los 159.000 millones de euros para financiar todas las propuestas de alta calidad. Cada vez es más probable que las ambiciones de Europa se queden cortas.

Mientras navegamos por el intrincado terreno hacia la aplicación del Pacto Verde en medio de un panorama geopolítico turbulento y de divergencias políticas, resulta cada vez más evidente que, sin un impulso significativo de la financiación de la I+i, los loables objetivos climáticos de Europa, cruciales para apoyar la mejora de la competitividad del continente y reforzar su autonomía estratégica, podrían seguir siendo difíciles de alcanzar. Este es un momento crítico, ya que las partes interesadas en la investigación se están preparando para los debates sobre el Programa Marco 10, el sucesor de Horizonte Europa a partir de 2028. Pero los últimos acontecimientos arrojan una sombra que deja más margen para la preocupación que para el optimismo respecto al futuro de la financiación de la investigación en Europa.

La necesidad de aumentar la inversión en investigación e innovación para impulsar la innovación y la competitividad de Europa está bien documentada y respaldada por varios estudios e informes. El informe de la Comisión Europea “Science, Research and Innovation Performance of the EU 2022” (SRIP) destacaba el papel esencial de la I+I para afrontar los retos de la sociedad e impulsar el crecimiento económico. Las cifras actuales derivadas de la reciente evaluación de Horizonte 2020, según las cuales se espera que los 76.500 millones de euros destinados al programa aporten unos 429.000 millones de euros a la economía de la UE de aquí a 2040, ilustran aún más esta afirmación. Más concretamente, cada euro gastado supondrá un beneficio de cinco euros para cada ciudadano europeo. Esto se suma a todos los beneficios sociales, cuya monetización presenta un reto importante debido a su naturaleza multidimensional.

Sin embargo, ya es bien sabido que sigue existiendo una brecha persistente en comparación con sus homólogos mundiales. Las últimas cifras reflejan que el gasto en I+i se situó en el 2,3% del PIB en la UE en 2021*, lejos del objetivo acordado del 3% y, comparativamente, del 3,45% gastado por los Estados Unidos, mientras que la cuota de la UE en el gasto mundial en I+i ha ido disminuyendo. En este contexto, cabe preguntarse si el 10º PM se acercará aún más al llamamiento de varios eurodiputados a la Comisión para que proponga un presupuesto de al menos 200.000 millones de euros o a la petición del Consejo Europeo de Investigación, que reclama al menos el doble del presupuesto de Horizonte Europa (180.000 millones de euros).

LaUE necesita urgentemente un presupuesto de I+I que refleje las ambiciones que manifiesta en cuanto a ser pionera de la revolución de la energía limpia y que le permita desarrollar y ampliar las soluciones y tecnologías revolucionarias necesarias para cumplir nuestros objetivos de descarbonización y neutralidad climática. Además, es crucial asegurar la financiación del programa eximiéndolo de los debates anuales durante las discusiones del MFP e impidiendo reasignaciones entre varios componentes del programa que pongan en riesgo la consecución de los objetivos en términos de impacto social y económico.

Las ambiciones deben estar adecuadamente respaldadas por inversiones sólidas en los ámbitos en los que se fijan los objetivos. Sólo entonces podrá Europa esperar alinearse con las vías que le permitirán cumplir las altas expectativas fijadas para su futuro.

* El gasto interior bruto en I+D se define como el gasto total (corriente y de capital) en I+D realizado por todas las empresas residentes, institutos de investigación, laboratorios universitarios y gubernamentales, etc., de un país.