El CSPJ condena enérgicamente las acusaciones infundadas contenidas en la resolución del Parlamento Europeo del 19 de enero
El Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) ha expresado este sábado su enérgica condena a las infundadas acusaciones contenidas en la resolución del Parlamento Europeo (PE) del jueves 19 de enero de 2023.
En un comunicado, el Consejo Superior, reunido este sábado, ha tomado nota de la resolución del PE que contiene graves acusaciones y alegaciones que socavan la independencia del poder judicial marroquí.
Estas alegaciones infundadas distorsionan los hechos y siembran dudas sobre la legalidad y la legitimidad de los procedimientos judiciales, algunos de los cuales han sido juzgados y otros aún en fase de instrucción, reza el comunicado.
El Consejo expresa, por lo tanto, su enérgica condena de las alegaciones infundadas contenidas en la citada resolución.
Lamenta asimismo esta distorsión de los hechos en el contexto de juicios que se desarrollaron de conformidad con la ley, en pleno respeto de las garantías constitucionales y de las condiciones de un juicio justo reconocidas internacionalmente.
El Consejo denuncia enérgicamente el enfoque adoptado por el Parlamento Europeo, que se ha arrogado el derecho de juzgar el sistema judicial marroquí de manera descaradamente parcial, perjudicando a las instituciones judiciales del Reino y violando su independencia, señala además el comunicado.
Además, el CSPJ rechaza totalmente cualquier interferencia en los procesos judiciales o intentos de influir en sus decisiones, especialmente porque algunos de los casos mencionados todavía están ante los tribunales.
Esto contradice todas las normas y estándares internacionales, incluidos los principios y declaraciones de las Naciones Unidas sobre la independencia del sistema judicial, indica el CSPJ en la declaración.
El Consejo condena enérgicamente el llamamiento incluido en la resolución para presionar a la autoridad judicial a fin de que libere inmediatamente a las personas que menciona; y considera que se trata de una peligrosa violación de la independencia de la justicia y de un intento de influir en la autoridad judicial, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de los casos aún están siendo examinados por los tribunales.
En otro orden de cosas, el Consejo Superior rechaza las falacias incluidas en la resolución, que se inspiran en ciertas fuentes notoriamente conocidas por sus posiciones dogmáticas, no documentadas, no verificadas y refutadas por los hechos;
La declaración subraya además que las personas, mencionadas en la resolución, se beneficiaron de todas las garantías de un juicio justo conforme a la ley, incluyendo la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el acceso a todos los documentos pertinentes a sus casos, el derecho a un juicio público, la citación de testigos y la audiencia de los mismos, la pericia judicial, el derecho de apelación y todas las demás garantías previstas por la ley marroquí tal como se estipula en las cartas internacionales de derechos humanos suscritas por el Reino.
El Consejo subraya que los hechos objeto del proceso de las personas mencionadas en la resolución del Parlamento Europeo no están en modo alguno vinculados a sus actividades como periodistas ni al ejercicio de su libertad de expresión y de palabra, garantizadas por la ley y la Constitución.
En este sentido, la Autoridad Judicial subraya que las acusaciones formuladas contra estas personas están relacionadas con el derecho penal, incluyendo la trata de seres humanos, el abuso sexual y la explotación de la vulnerabilidad de otras personas. Tales actos están severamente castigados por las leyes, en todo el mundo.
El Consejo rechaza el doble rasero que caracteriza esta resolución, que en lugar de condenar las agresiones sexuales sufridas por las víctimas, defiende una serie de falsedades y acusaciones infundadas.
El Consejo reafirma que Marruecos ha realizado, en los últimos años, importantes avances para consagrar la independencia del fiscal respecto de las autoridades ejecutivas desde 2017, además de la consolidación de la independencia del poder judicial establecida en la Constitución de 2011, allanando el camino para la creación del Consejo Supremo de la Autoridad Judicial en 2017 de conformidad con las normas internacionales más avanzadas de independencia judicial, que incluso algunos países europeos están aún lejos de alcanzar.
El Consejo subraya el apego de los magistrados a su independencia, así como a la protección de sus derechos y libertades, y a la garantía de un juicio justo, como un deber constitucional, legal y ético.
El Consejo expresa su voluntad de mantener su papel de protección de la independencia de la magistratura contra todas las injerencias y presiones, vengan de donde vengan, de conformidad con la Constitución y con su ley reguladora, concluye el comunicado.
